¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS REFUGIADAS?

La Convención de Refugiados aprobada en conferencia especial de la ONU en 1951 explica que es una persona que: "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país."

Por tanto, la persona refugiada no lo es por decisión propia sino que se ha visto obligada a salir de su país porque su vida está en peligro. Esta huida es consecuencia de los conflictos, la violencia, las violaciones de derechos humanos o el cambio climático, entre otros factores. Hay personas que huyen de la guerra, pero también hay otras muchas que son perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, opinión política, orientación sexual o por pertenecer a un determinado grupo social o de género. Estas personas se van de su país porque tienen miedo a ser heridas, maltratadas, asesinadas, reclutadas por grupos armados, separadas de su familia, trabajar en condiciones peligrosas, u otras muchas razones que ponen en riesgo para su vida.

Las causas son múltiples pero se relacionan siempre con un desajuste en el reparto de la riqueza y el déficit de cumplimiento de los Derechos Humanos. Según datos de la ONU el número actual de refugiados en el mundo es el más elevado desde la II Guerra Mundial. De hecho en los últimos cinco años se ha producido un incremento del 50% de personas desplazadas.

¿CÓMO SE PROTEGE A LAS PERSONAS REFUGIADAS?

Una persona migrante es aquella que se traslada de un lugar, región o país a otro. Cuando esta persona busca protección internacional y logra realizar el proceso formal estamos ante una persona solicitante de asilo. En Europa, la protección internacional puede darse en forma de estatuto de refugiado o de protección subsidiaria.

La protección internacional es otorgada por un Estado extranjero a una persona que tiene un temor fundado de ser perseguida en su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o militancia política, entre otras. Si un Estado extranjero considera que una persona migrante debería ser protegida, pero por motivos distintos a los previstos en la Convención de Ginebra, puede decidir otorgarle la protección subsidiaria en lugar de la condición de refugiado.

El derecho de asilo, es un derecho fundamental recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desarrollado en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967). En el Estado Español está reconocido en el  artículo 13.4 de la Constitución Española, la Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.

  • Para consultar normativa básica reguladora, pulse aquí.

PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASILO

Tal y como se recoge en los artículos 6 y 7 de la Ley 12/2009, los actos en que se basen los temores fundados a ser objeto de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, deberán ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales, tales como:  

  • Violencia física o psicológica, incluyendo violencia sexual.
  • Las medidas legales, administrativas, de policía o judiciales que sean discriminatorias o que sean aplicadas de manera discriminatorias o que sean aplicadas de manera discriminatoria.
  • Las actuaciones o sanciones penales desproporcionadas o discriminatorias o motivadas por la negación a prestar un servicio militar que implique delitos de gravedad extrema como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
  • La negación de reparación judicial que derive en una sanción desproporcionada o discriminatoria.
  • Los actos relacionados específicamente con el género o la infancia.

PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA

Para la CONCESIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA podrán ser considerados como daños graves cara a su concesión:

(según el artículo 10 de la Ley 12/2009)

  • Riesgo de recibir condena de pena de muerte o el riesgo de su ejecución material.
  • Riesgo de recibir tortura y tratos inhumanos o degradantes en el país de origen de la solicitante.
  • Riesgo a recibir amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

¿QUÉ ES SER UNA PERSONA APÁTRIDA?

Es una persona que carece de nacionalidad al no ser considerada nacional por ningún Estado. Esta situación puede darse cuando la persona nunca ha tenido nacionalidad (no se le atribuyó al nacer) o porque la ha perdido sin adquirir otra.

DESPLAZAMIENTO INTERNO

Tal y como manifiesta ACNUR, el desplazamiento interno es la “situación en la que las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”

¿CÓMO SOLICITAR EL DERECHO A ASILO?

La persona extranjera no comunitaria y, en su caso, la apátrida que desee solicitar protección internacional en España, presentará su solicitud ante cualquiera de las siguientes dependencias:

  • Oficina de Asilo y Refugio.
  • Oficinas de Extranjeros.
  • Comisarías de Policía autorizadas.
  • Centros de Internamiento de Extranjeros.
  • Puestos fronterizos de entrada al territorio español (estos cuentan con un procedimiento específico)

El plazo para la presentación de la solicitud es de un mes desde que entren en territorio español o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves.

La persona deberá comparecer personalmente y será a través de una entrevista dónde se le informará sobre cómo rellenar su solicitud y la información relevante sobre su situación.

¿CÓMO SOLICITAR LA SOLICITUD DE ASILO?

Una vez que la persona ha formulado su solicitud, será enviada a la Oficina de Atención al Refugiado/a (de haberse realizado en las oficinas de extranjería o en la Policía Nacional). Allí se estudiarán los aspectos formales de la solicitud en el plazo de un mes. Si en un mes no hay resolución  se entenderá que está admitida a trámite. Durante esos 30 días, la persona tiene derecho a una documentación provisional.

En el caso de que la solicitud no se haya admitido a trámite, ya sea por falta de requisitos o por falta de competencia para examinar la misma, la persona solicitante tiene derecho a interponer un recurso administrativo de reposición y/o contencioso administrativo.

Si se admite a trámite, se abre un periodo de 6 meses para  estudiar a fondo la solicitud. En este tiempo se le concede la denominada tarjeta roja.

Instruido el expediente, se eleva la solicitud a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta de resolución al Ministerio del Interior. Si en seis meses no hay resolución se entenderá desestimada. La resolución puede conceder el estatuto de persona refugiada, concesión de protección subsidiaria, concesión de autorización de residencia por razones humanitarias o denegación de la protección.

Existen otros plazos mucho más breves para casos de urgencia.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO

El solicitante de protección internacional, presentada la solicitud, tiene los siguientes DERECHOS:

  • A permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud (principio de no devolución), salvo reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional
  • A ser documentado como solicitante de protección internacional
  • A asistencia jurídica, gratuita en caso necesario
  • A la asistencia de intérprete en una lengua que le sea comprensible
  • A que se comunique su solicitud al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España
  • A la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectarle
  • A conocer el contenido del expediente en cualquier momento
  • A la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones sanitarias
  • A recibir prestaciones sociales específicas.

OBLIGACIONES de los solicitantes de protección internacional:

  • cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento
  • presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud
  • proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este último extremo
  • informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él
  • informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud.